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CDMX.- La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) determinó fijar este martes el salario mínimo en un monto de 88.36 pesos diarios a partir del 1 de diciembre de este año, informó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó este jueves la nueva Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones por Particulares. Aseguró que la legislación pone fin a décadas en que no querían reconocer el problema que ha dejado más de 32.943 personas desaparecidas, según el registro oficial del país.

Ante representantes de organizaciones sociales que expresaron su dolor y preocupación sobre las desapariciones, que incluso tiene condenas nacionales e internacionales, Peña Nieto informó que la nueva ley tiene un plazo de 60 días para realizar un conjunto de acciones que sistematizará la instrumentación de esta legislación, entre ellas, la creación del Sistema Nacional de Búsqueda que conducirá las acciones, y la conformación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. 

Asimismo, el mandatario mexicano consideró que con la promulgación del nuevo marco jurídico, que no hubiera podido concretarse sin el impulso que dieron las organizaciones sociales, habrá un antes y un después en el tema de las desapariciones forzadas.

Penalidades

El dictamen elaborado junto con organizaciones civiles, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y el Comité Internacional de la Cruz Roja, establece de 40 a 60 años de prisión y de 10 mil a 20 mil días de multa para el delito de desaparición forzada de personas por parte de un funcionario público como de un particular en complicidad con un funcionario, que cometa secuestro y/o oculte información sobre dicha privación de libertad y sus consecuencias. Misma pena que rige para cómplices o quienes se nieguen a dar información sin ser autores del caso. 

Penas de 20 a 30 años de prisión y de 500 a 800 días multa a quien no entregue a las autoridades o familiares al nacido de una víctima del delito de desaparición forzada de personas, durante el periodo de secuestro.

Una pena de 25 a 50 años de prisión y de 4 mil a 8 mil días multa a quien sin haber participado directamente en la comisión del delito de desaparición forzada, retenga o mantenga oculto a la niña o niño que nazca durante el periodo de desaparición de la madre.

Entre 15 a 20 años de prisión a quien oculte, deseche, incinere, sepulte, inhume, desintegre o destruya, total o parcialmente, restos de un ser humano o el cadáver de una persona, con el fin de ocultar la comisión de un delito.

Tlaxcala, Tlax.- Si hay una imposición vamos a perder la Presidencia, aseveró Rafael Moreno Valle al reunirse con militantes en el Comité Directivo Estatal del PAN, ante quienes destacó que deben trabajar  para defender los espacios locales y, después de la elección del 2018, recuperar el rumbo del partido.

A tres años de la suspensión de operaciones de Ficrea, 60 de los 6,700 afectados están en posibilidades de recuperar sus ahorros, así lo informó Edward Martín Regalado, abogado del grupo de ahorradores que siguen en juicio contra la sociedad financiera, su propietario y el Estado.
 
El socio fundador de la firma Regalado & Galindo Abogados detalló que ha presentado seis demandas colectivas, tras considerar que la supervisión realizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre Ficrea fue deficiente, y previó que en 2018 el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) dicte la sentencia correspondiente.
 
Ente los fundamentos del litigio, explicó, destaca el hecho de que la CNBV tuvo conocimiento (desde 2011) de los incumplimientos que en 2014 provocaron la intervención de la financiera; además de un conflicto de interés por parte de la Federación Atlántico Pacífico (empresa designada por la CNBV para la supervisión auxiliar de Ficrea) y Sergio Ortiz Valencia, quien fungía como director de la sociedad financiera y al mismo tiempo se encargaba de la auditoría realizada a la compañía.
 
Al respecto adelantó que de no obtener una sentencia favorable por parte del TFJA, podría impugnar el fallo ante un Tribunal Colegiado de Circuito o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo que se crearía jurisprudencia y se podría ayudar a otras personas que en el futuro fueran afectadas por este tipo de fraudes.
 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se convirtió ayer, 7 de noviembre, en una sucursal de la Arena México. Diputados de Morena y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se agarraron a empujones, jalones de cabello, rasguños, insultos y algo más durante la sesión del martes. El enfrentamiento se debió a que los morenistas se opusieron a que se votara a favor de que los remanentes de participaciones federales de los próximos 30 años se destinaran a la construcción de una planta de termovalorización (que genera energía a partir de residuos). Los legisladores del partido de Andrés Manuel López Obrador solicitaron que esos recursos se otorgaran, en su lugar, a la reconstrucción de la capital tras los sismos de septiembre.

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